Cuatro efectivos fueron detenidos acusados de haber integrado un grupo que intentó realizar un reclamo por cuestiones salariales. Hay un quinto sospechado que tiene pedido de detención.

El 24 de febrero, el jefe de Policía denunció que un grupo de uniformados estaban organizándose para protagonizar una protesta. Al día siguiente, fueron detenidos el civil Carlos Córdoba y los policías Walter Moreno, Juan Chebbib, Héctor Coria y Víctor Graneros. Días después, también fue arrestado el penalista Gustavo Morales. A todos los sospechados, salvo el abogado, se les dictó la prisión preventiva.

Las primeras medidas fueron realizadas por la fiscala Mariana Rivadeneira y, al comprobar la complejidad del caso, el Ministerio Público nombró a Susana Cordisco para que colaborara con la investigación.

Al analizar los celulares secuestrados a los primeros detenidos, los pesquisas comenzaron a identificar a otros efectivos que habrían tenido una participación en el caso. Por esa razón consiguieron que un juez otorgue la detención de cinco sospechosos y la realización de 10 allanamientos. Las medidas se concretaron en domicilios de la capital, Tafí Viejo, El Colmenar, Río Chico, Leales, San Andrés, Simoca y Ranchillos, Villa Mariano Moreno, León Rougés y Leales. En total fueron arrestados cuatro de los buscados. El quinto anunció que se presentaría, pero hasta el cierre de esta edición no había cumplido con sus palabras.

El operativo fue realizado por policías de distintas áreas y los hombres del Equipo Científico Fiscal, dirigidos por los auxiliares Brenda Deroy y Juan Pablo Godoy.

“Según las averiguaciones realizadas, los detenidos habrían enviado mensajes instigando a un levantamiento de las fuerzas policiales. En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, tablets, computadoras de escritorio y notebooks”, señalaron las fiscalas.

Según la teoría del caso, el jueves 22 de febrero del corriente año, los cuatro efectivos policiales (con prestación de servicios en Patrulla Motorizada de Las Talitas, en la comisaría de Aguilares y en Relaciones Policiales) y u empleado municipal de Lules, junto a otros efectivos crearon un grupo de WhatsApp al que denominaron “Sueldo Policial 2024”. A través de esta red social, que tenía más de 1.000 integrantes, comenzaron a alentar a sus compañeros para que realizaran una huelga para conseguir mejoras salariales. “En ese grupo y en TikTok planeaban autoacuartelarse en contra de sus superiores, en perjuicio del orden y la seguridad pública”, explicó la fiscala cuando formuló cargo a los primeros detenidos.